El abogado de los trabajadores denunció que la policía colaboró con la empresa para entorpecer el procedimiento
Gentileza Periodismo Nueva EraHace aproximadamente unos diez dias la Justicia emitió una resolucion que ordenaba al frigorifico Logros, con asiento en Río Segundo, la reincorporación de dos delegados gremiales despedidos hace casi un año, aparentemente sin causa justificada.
Pero la medida no pudo hacerse efectiva ya que, según lo señala el abogado Luis Montenegro en un articulo aparecido la semana pasada en el blog Periodismo Nueva Era, “la situación fáctica planteada el pasado viernes 16 de octubre fue la siguiente, de acuerdo a lo informado por los mismos trabajadores ilegalmente despedidos y entrevistados, ante la orden judicial llevada adelante por el oficial de justicia para hacer efectiva la reinstalación: la empresa impidió el ingreso de los mismos, y no obstante que ya la situación de gravedad estaba evidenciada porque el empleador había ocasionado la ruptura del vínculo laboral de trabajadores con tutela sindical y además no doblegaba su accionar ilegal impidiendo el cumplimiento de la manda judicial, se excedió todo límite cuando quienes impedían el acceso eran – no sólo operarios de seguridad privados – sino además agentes de la policía de Córdoba, ello por expreso pedido del empleador. Insólita situación la acaecida, cuando la función de los agentes públicos de la policía provincial, en la habitualidad de los casos, debe ser de auxilio y/o asistencia de la justicia”.
El letrado explicó ademas que “desde el momento mismo de postulación del trabajador como representante sindical y la notificación de ese hecho al empleador, así como también durante toda la vigencia del mandato, y hasta un año después de la cesación de ese mandato, se encuentra protegido bajo el manto de la tutela sindical, sin que pueda ser suspendido, modificada sus condiciones de trabajo o despedido por el empleador sin causa debidamente justificada (artículo 47 y siguientes de la Ley 23.551), ya que el delegado o representante cuenta con estabilidad gremial”.
Hasta el cierre de esta edición no nos fue posible confirmar si los delegados habían podido ser reincorporados como lo ordenara la Justicia provincial.
Pero la medida no pudo hacerse efectiva ya que, según lo señala el abogado Luis Montenegro en un articulo aparecido la semana pasada en el blog Periodismo Nueva Era, “la situación fáctica planteada el pasado viernes 16 de octubre fue la siguiente, de acuerdo a lo informado por los mismos trabajadores ilegalmente despedidos y entrevistados, ante la orden judicial llevada adelante por el oficial de justicia para hacer efectiva la reinstalación: la empresa impidió el ingreso de los mismos, y no obstante que ya la situación de gravedad estaba evidenciada porque el empleador había ocasionado la ruptura del vínculo laboral de trabajadores con tutela sindical y además no doblegaba su accionar ilegal impidiendo el cumplimiento de la manda judicial, se excedió todo límite cuando quienes impedían el acceso eran – no sólo operarios de seguridad privados – sino además agentes de la policía de Córdoba, ello por expreso pedido del empleador. Insólita situación la acaecida, cuando la función de los agentes públicos de la policía provincial, en la habitualidad de los casos, debe ser de auxilio y/o asistencia de la justicia”.
El letrado explicó ademas que “desde el momento mismo de postulación del trabajador como representante sindical y la notificación de ese hecho al empleador, así como también durante toda la vigencia del mandato, y hasta un año después de la cesación de ese mandato, se encuentra protegido bajo el manto de la tutela sindical, sin que pueda ser suspendido, modificada sus condiciones de trabajo o despedido por el empleador sin causa debidamente justificada (artículo 47 y siguientes de la Ley 23.551), ya que el delegado o representante cuenta con estabilidad gremial”.
Hasta el cierre de esta edición no nos fue posible confirmar si los delegados habían podido ser reincorporados como lo ordenara la Justicia provincial.
Es lamentable como el actual sindicato nuestro con complicidad del reperesentante local Chavez (tesorero de nuestro sindicato) esta untado y nos entregan abiertamente,no defienden ningun derecho nuestro ni aun dictado por la justicia.Por eso imaginense el grado de impunidad y corrupcion que reina con estos chantas,a estos dos compañeros delegados que si nos representaban y planteaban nuestros derechos adquiridos el hijo de mil puta de Grimaldi los hecho sin causa y a la justicia toda se la pasa por el culo
ResponderEliminarNO TENES ALGO MAS IMPORTANTE PARA ESCRIBIR JULIO TODESCO!!
ResponderEliminarSIEMPRE TAN INUTIL VOS.-
Gabriel Chavez se llama el "tesorero" del sindicato de la carne de Córdoba y el es el complice de Grimaldi para echar a los dos delegados, entre muchos otros despidos. Ese señor de juntar piedras en el río paso a ser dueño (utilizando como testaferro a su novia)de un complejo de departamentos atras de Georgalos.
ResponderEliminarJuan Carlos Grimaldi actua con un nivel de impunidad que verdaderamente parece un dictador en un pais bananero: maneja la justicia local (jueza Martinez Gravier, fiscal Nazar, la policia, el sindicato, y por supuesto, el poder político.
Este facho hijo de puta es un claro ejemplo de lo lejos que esta la Argentina de ser una pais democratico en serio.