El tiempo pasa y el conflicto rural se mantiene

Un año atrás, la sociedad amanecía con una decisión parlamentaria que parecía modificar el rumbo político–económico que había encarado el Gobierno. El rechazo de la oposición y parte del PJ a las retenciones agropecuarias móviles suponía, más que la defensa del sector rural, un freno a una forma de hacer política que implicaba la imposición por sobre el consenso. La derrota dinamitó el poder del oficialismo, como se terminó de comprobar hace tres semanas en las urnas. Recién entonces, la Presidenta decidió enviar a la sociedad señales que implicaban la intención de concretar un cambio. Pero su convocatoria a un diálogo y la construcción de un Pacto Social se exhiben aún como una mera formalidad. A la hora de los hechos, los ruralistas sostienen que el Gobierno actúa de la misma forma que lo hacía antes de aquella decisión parlamentaria de 2008. Esperan que se eliminen las retenciones, se otorguen incentivos a la producción ganadera y se recupere la libertad de mercado. Pero tropiezan con la política impositiva, el premio oficial a los consorcios afines con una mayor porción en el reparto exportador de la carne y el fortalecimiento de la figura intervencionista de la Oncca y de Guillermo Moreno. El tiempo pasa y la distancia que se observaba hace un año, se mantiene.